lunes, 3 de abril de 2017


INFORME MENSUAL
DE COYUNTURA
CLAVES DE LECTURA

En los primeros meses del año, la actividad continúa arrojando resultados mixtos. A pesar de haber alcanzado un piso a mediados del año pasado, la economía no consigue repuntar decididamente. El consumo no termina de reaccionar frente a los nuevos embates inflacionarios, mientras que la inversión solo crece en algunos sectores puntuales.

A esta altura del año queda claro que el “sesgo antinflacionario” del BCRA no será suficiente para cumplir con las metas de inflación, teniendo en cuenta que los principales impulsores del nivel de precios serán, en el corto plazo, factores de oferta (tarifas). En este escenario, el gobierno podría apostar a una mayor apertura de las importaciones para disciplinar precios, un instrumento que ya comenzó a generar conflictos en el plano laboral y empresarial.

El mercado de trabajo, además de estar estancado, arroja novedades preocupantes. En efecto, empiezan a observarse señales de que la economía ha ingresado en una nueva fase de aumento en la informalidad laboral, lo cual está íntimamente relacionado con la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial, producto de la caída del consumo y la apertura de las importaciones.

En tanto, el gobierno ya parece haber activado el modo electoral en el plano fiscal, aunque sigue esforzándose por mostrar una disminución del déficit, luego de las sucesivas reducciones de impuestos del año pasado. Esto se implementa no solo a través de acciones concretas, como la suba de tarifas, sino también mediante un nuevo “maquillaje” de las cuentas públicas, el segundo que se aplica desde que el gobierno asumió a fines de 2015.

La necesidad de cerrar la brecha fiscal hace que las autoridades sigan emitiendo importantes volúmenes de deuda, lo cual contribuyó a que la apreciación cambiaria siga en pie (a pesar de los riesgos que implica en una economía con libre movilidad de capitales), actuando de este modo como ancla nominal.

domingo, 2 de abril de 2017

LA ELIMINACIÓN DE RETENCIONES IMPLICÓ LA TRANSFERENCIA DE 70 MIL MILLONES DE PESOS EN 2016


Regalo millonario a exportadoras
El complejo agrario, mineras e industrias exportadoras dejaron de pagar unos 5000 millones de dólares el año pasado por la quita de retenciones. Esa transferencia no significó aumento de inversiones, de empleo ni de ventas al exterior.


La quita de retenciones del 2016 implicó una pérdida de recursos fiscales de 70.000 millones de pesos (equivalente a 5000 millones de dólares). Ese dinero fue transferido a diferentes actores del complejo agrario, minero e industrial. La cifra, que representa 1 punto del PIB, dejó de computarse como recaudación del sector público y potenció el desequilibrio del déficit fiscal el año pasado. El incremento de las exportaciones, pese a los argumentos del Gobierno acerca de que la devolución de ese arancel a las exportaciones iba a estimular las ventas al exterior de productos de la industria, la minería y el campo, fue 15.000 millones de pesos en 2016 (1000 millones de dólares). El complejo exportador aportó menos de un dólar por cada cinco que recibió del Estado. 
El Centro de Economía Política (CEPA) elaboró un estudio en el que se estimó la pérdida de recursos que generó para el sector público la decisión de quitar retenciones, una de las promesas de campaña que el macrismo cumplió sin titubear, a diferencia de lo que ocurrió con el Impuesto a las Ganancias y el millón de créditos hipotecarios. En el informe se detalla que el sector agropecuario pagó el año pasado 67.180 millones de pesos en retenciones, un monto concentrado en el rubro de la soja. Si no se hubieran anunciado cambios, el complejo debería haber pagado 115.195 millones de pesos, por lo que hubo una caída de ingresos de 48.015 millones. 
La rama manufacturera, en particular, los fabricantes de aceite de soja, abonaron por retenciones unos 4305 millones de pesos el año pasado, cuando con el esquema anterior hubieran pagado cerca de 16.083 millones, es decir una pérdida de recursos de 11.777 millones de pesos para el Estado. 
Las empresas mineras, en tanto, pagaron sólo 24 millones de pesos en derechos de exportación en 2016, cifra que podría haber ascendido a 9841 millones sin cambios. La decisión de quitar el ciento por ciento de las retenciones a las mineras provocó una pérdida de recaudación de 9817 millones de pesos. La cifra es desproporcionada porque la exportación de minerales el año pasado aumentó sólo por el equivalente a 360 millones de pesos. El Estado premió así a las empresas mineras con 27 dólares por cada dólar que generaron de exportación. 
Al sumar los resultados del sector agropecuario, industria y minería, el CEPA estimó que las firmas dedicadas al negocio de la exportación deberían haber pagado 141.118 millones de pesos en retenciones el año pasado, pero gracias al anuncio del macrismo de modificar las retenciones el monto descendió a 71.509 millones, lo cual implicó un retroceso de la recaudación de 69.609 millones de pesos. El 69 por ciento de los recursos que dejó de percibir el sector público se lo quedó el campo, mientras que el 17 por ciento fue para la industria y el 14 por ciento para la minería.
La rentabilidad extraordinaria que obtuvieron los grupos exportadores no sólo no se tradujo en mayor producción y exportaciones sino que tampoco implicó un avance del empleo. Los datos del Ministerio de Trabajo registraron que los puestos en el sector industrial pasaron de 1.252.108 a 1.204.285 individuos entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, lo cual implica una reducción de 47.823 trabajadores formales. En la minería se pasó de 85.735 a 80.325 empleos, una baja de 5410 y en el campo se pasó de 316.546 a 322.081 personas, con suba de 5535 trabajadores, lo que no llega a compensar la caída de las otras dos actividades. 
La eliminación de las retenciones tampoco tuvo un impacto significativo en materia de inversiones y los recursos embolsados por el complejo exportador fueron a alimentar en parte la fuga de capitales del mercado interno el año pasado, la cual alcanzó niveles record de la última década. La modificación de los derechos de exportación implicó una mayor regresividad de la recaudación, al incrementarse el peso del IVA. 
La pérdida de recursos fiscales por la eliminación de retenciones representó un punto del PIB en 2016.
La pérdida de recursos fiscales por la eliminación de retenciones representó un punto del PIB en 2016. 
(Imagen: Bernardino Avila)

INSTITUTO DE TRABAJO Y ECONOMIA -- PARA INCORPORAR A UN ANALISIS DE SITUACION

LA ESTRATEGIA POLÍTICA DEL AJUSTE

Estrategia: conjunto de acciones aplicadas con el fin de desarrollar un plan previamente establecido para conseguir un objetivo.
El debate sobre la estrategia fiscal no ha estado exento de controversias, sin que sea del todo claro cuál es el esquema de política que impulsa el Ejecutivo. Desde la retórica, el Gobierno ha advertido sobre un abultado desequilibrio en las cuentas públicas, preanunciando un severo ajuste que todavía no se ha materializado. Más bien, lo contrario. Los datos recientemente publicados muestran que el déficit fiscal en 2016 aumentó en relación al año anterior (de 4,2% a 4,6% del PIB), y que el déficit sin contar los ingresos del blanqueo fue sensiblemente superior (5,9% del PIB).
Al analizar en detalle, lo que se observa es que las decisiones de política que tomó el Gobierno explican estos resultados. En efecto, el aumento del déficit estuvo explicado en parte por la contracción de los ingresos, debido a la reducción de las retenciones (-0,7 p.p. del PIB[1]) y a la caída en el nivel de actividad (-0,4 p.p.) y en parte por el aumento del gasto primario (+0,6 p.p.). Como dijimos, la clave del “éxito” para lograr el objetivo fiscal de 2016 fue el blanqueo, que aportó ingresos extraordinarios por 1,3 p.p. del PBI.
La aparente contradicción entre el discurso del Gobierno y los resultados fiscales de su gestión pueden encontrar respuesta en las principales partidas que componen el gasto público (representan alrededor del 70%): las remuneraciones de los empleados públicos, las jubilaciones y las transferencias corrientes al sector privado (donde se encuentran los subsidios, asignaciones familiares, AUH, entre otras). En otras palabras, existe un límite político a cualquier esquema de ajuste drástico.
¿Eso significa que este gobierno no busca achicar el gasto? De ninguna manera, y eso queda claro cuando se observa que la única partida que sufrió un recorte importante fue aquella que podían recortar: los gastos de capital, destinados en su totalidad a la inversión pública (-0,4 p.p. del PBI).
Esto presenta otra paradoja, ya que Cambiemos siempre sostuvo que la base del crecimiento debía ser la inversión. En este caso, lo que esto refleja son las prioridades que tiene el Gobierno: el ajuste del gasto público por sobre el crecimiento económico.
Como ocurría en El Día de la Marmota, para 2017 vemos repetir la misma escena de principios de 2016: el (nuevo) ministro de economía afirma que su principal objetivo para este año es la reducción del déficit fiscal y, acto seguido, anuncia que quiere implementar una nueva ronda de reducción en los impuestos, en este caso sobre los aportes y contribuciones laborales (mal llamados “impuestos al trabajo”) que impulsarán una vez más al alza el déficit fiscal.
Cuando analizamos el comportamiento de los gobiernos neoliberales en la historia reciente, tanto aquí como en el resto del mundo, esta confusión discursiva no debería llamar tanto la atención. Si bien uno de sus objetivos declarados es bajar el déficit fiscal, no buscan hacerlo de cualquier manera.
En realidad, la meta principal es bajar los impuestos (donde los principales aportantes son los estratos medios-altos) y ajustar a la baja el gasto público (cuyos principales beneficiarios son los estratos medios-bajos), reduciendo tanto la capacidad de acción del Estado como el impacto redistributivo de su intervención.

Y la estrategia política que utilizan para lograr este acometido requiere primero construir un consenso que allane y facilite el ajuste del gasto. Ese consenso se logra por medio de la rebaja de impuestos, lo que provoca un incremento automático del déficit fiscal que permite instalar en la agenda eso como un “problema”, cuya solución obviamente implica el ajuste del gasto[2]. La sociedad no tolera los ajustes, salvo que sean inevitables.
Bajo esta lógica, la rebaja de los aportes y contribuciones adquiere una relevancia fundamental en la agenda del gobierno. Además de la obvia reducción de impuestos, es otro paso hacia el desfinanciamiento del sistema previsional. El primero había sido la “Ley de reparación histórica”, Ley que además le puso fecha a la discusión sobre la reforma previsional: 2019.
Y el objetivo no es otro que llegar a esa discusión con un sistema previsional sumamente deficitario que incline la balanza por el ajuste de las jubilaciones y/o el incremento de la edad jubilatoria. Hay que recordar que este sistema financia aproximadamente el 70% de las jubilaciones, y que a su vez éstas representan el 40% del gasto total que realiza el gobierno nacional. Esto es, sin lugar a dudas, una estrategia política. Que además de ser posiblemente efectiva, deja en claro que este gobierno tiene vocación política y que busca quedarse más allá de 2019.
¿Cuál debería ser la estrategia frente a esto? Eso ya implica un análisis aparte, lo que seguro no hay que hacer es volver a caer en el error de repetir que “se viene el ajuste”. Al igual que Pedro con el lobo, para cuando efectivamente se discuta la reducción fuerte del gasto, el impacto de ese discurso en la sociedad va a ser nulo.

[1] El costo fiscal de esta medida fue de $50.000 millones, según las estimaciones del propio gobierno que se desprenden del informe N° 92 del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Disponible en: https://goo.gl/ScgYfz
[2] Por ejemplo, los recortes de R. Reagan aplicados durante 1981 incrementaron el déficit fiscal de -2,5% del PBI en ese año al -5,7% en 1983. En 2001, el recorte de impuesto llevado a cabo por G. Bush hizo que el superávit fiscal de ese año (1,2% del PBI) se transformara en un déficit de -3,2%, dos años después. En Argentina, la rebaja en las contribuciones patronales se tradujo en una caída de -2,3 p.p. del PBI entre 1994 y 1994 en la recaudación de este impuesto, principal causa de que el resultado fiscal primario pasara de un superávit de 1,2% del PBI a un déficit de -0,3% entre esos años.

sábado, 1 de abril de 2017

UN 30 DE MARZO CARGADO...


 Cargado de simbolismo, es muy importante a manera de herencia a la imprescindible nueva generacion, que estas luchas son parte, continuidad, de aquellas, de ese 30 de marzo del 82´,
con la CGT Brasil de Saul Ubaldini.
Esta parte de la Dirigencia fue coherente en los hechos de poner en primer lugar a los trabajadores y la unidad en ese sentido.
Muchos compañeros, 150-200 mil, es importante, como lo tiene en gran medida el espiritu de los participantes, hay garra dirian los futboleros, hay conciencia de lo que nos hacen vivir.
La desocupacion, la sombra sobre los que trabajan, el chantaje...,  al Neoliberalismo le sobran o molestan los mecanismos de la Democracia, entre varios: las Paritarias.



 Segovia, Subte, de los Metrodelegados.
A los del Subte no se la perdonan, el sacarle la Personeria Gremial es hacerlos retroceder, no firmar convenios, etc., son parte de los chantajeados, hacerlos pensar que lo importante es cuidar-tener el trabajo, a pedir de UTA, esta claro.
Cantaban: Macri, con papeles o sin papeles te vamos a parar...



 El Himno y toda la emocion del final.

Los oradores desde la pantalla frente al Cabildo.