jueves, 6 de agosto de 2015

DIRECTIVOS DE CLARIN, CON MIEDO POR LO QUE PUEDA DECIR SU EX SOCIO EN EL FUTBOL, de Ambito.com


Alejandro Burzaco goza de prisión domiciliaria en EEUU luego de haber pagado una millonaria fianza en el marco del #FIFAGate. En el multimedios saben que ya empezó a declarar ante la Justicia norteamericana y temen por sus dichos: si "colabora" en la causa, podrían reducirle la pena.

El exCEO de Torneos pagó el último viernes 20 millones de dólares en concepto de fianza para poder quedar detenido, pero en un departamento de Nueva York, luego de aceptar ser extraditado a EEUU desde Bolzano en Italia y declararse inocente frente a la justicia del país del norte, que lo acusa de corrupción en el marco de la causa que investiga negociados en los contratos de televisación y cesión de derechos de la FIFA.

La nueva situación de Burzaco tiene en vilo a los jerarcas del Grupo Clarín, de quienes fue socio de Torneos en los años que justamente investigan EEUU los negociados.

En el multimedios saben que el exdirectivo ya tuvo un primer acercamiento a la causa y son esas declaraciones y las que seguirá realizando, las que los atemoriza, porque podrían quedar "pegados" en los actos de corrupción.

La información que maneja Burzaco es clave en la causa. Y, además, es su pasaporte a una condena más laxa. Puntualmente, sus abogados habrían negociado con diplomáticos norteamericanos para que se le aplique la famosa Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), una ley federal anticorrupción aprobada en 1977 por el Gobierno de los Estados Unidos

La clave de la ley, y lo que más interesó a Burzaco, es que la norma incluye la posibilidad de negociar directamente con el Gobierno norteamericano (el FBI) una reducción de las penas que correspondan, a cambio de que el acusado se declare primero culpable y luego "colabore" con la investigación. 

En consecuencia, si los abogados de Burzaco negociaron ya con los Estados Unidos la aplicación de la FCPA, es que lo que el argentino tiene para declarar es importante y lleva a obtener pruebas serias y sólidas para que la investigación pueda avanzar hacia hombres y mujeres de mayor responsabilidad y culpabilidad. Allí estarían incluidos los jerarcas del Grupo Clarín.

Esto implicaría una pena de prisión efectiva de 5 años máximo en una cárcel federal. Si fuera acusado sin haberse declarado culpable sin aportar pruebas importantes para que la investigación avance, los años en cautiverio llegarían a 20.

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