La causa la tiene la jueza Sandra Arroyo Salgado y se reactivó hace algunos días con el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal Gabriela Baigún que planteó rechazar la apelación. Ahora, la sala III de la Cámara de Casación debe decidir si aceptan el dictamen de la fiscal.
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Compartimos el artículo del periodista de la Radio Pública, Ari Lijalad.
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El que pregunta es Juan Bautista “Tata” Yofre, ex jefe de la SIDE durante el menemismo y prolífico editor de libros sobre la década del ’70 basados en su “archivo personal”. El que responde es Carlos Pagni, editorialista del diario La Nación y novel conductor en TN. El diálogo consta textual en el pedido de elevación a juicio oral de la causa por espionaje a mails de altos funcionarios públicos en la cuál ambos están procesados: Yofre por asociación ilícita. Pagni por encubrimiento agravado.
La trama de esta causa no está exenta de actualidad. La jueza que los procesó el 14 de septiembre de 2012 es Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman. El pedido de elevación a juicio oral, firmado por el fiscal Federico Domínguez, tiene fecha el 16 de diciembre de 2014. El mismo día, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso el relevo de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), reemplazando a Héctor Icazuriaga y Francisco “Paco” Larcher por Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente. La coincidencia fue azarosa, pero expresa el contexto de implosión de lo que la fiscal Mónica Cuñarro, entre otros, denominó como “relación promiscua” entre sectores judiciales y facciones de los servicios de inteligencia. Hace pocos días, la causa se reactivó con el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal Gabriela Baigún que planteó rechazar la apelación que presentaron Yofre y otros procesados. Ahora, los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa, quienes integran la sala III de la Cámara de Casación, deben decidir si aceptan el dictamen de la fiscal Baigún, en cuyo caso todo volvería al juzgado de Arroyo Salgado y quedaría lista para el juicio oral, o si dan lugar a las apelaciones de los procesados. A su vez, Horacio Verbitsky reveló que el 30 de enero, a poco de la muerte de Nisman, Yofre le pidió a Arroyo Salgado que declare nula su propia investigación a través de un “incidente de nulidad”. El fiscal Domínguez ya pidió que sea rechazado, pero Arroyo Salgado guarda en su despacho otros pedidos de nulidad, prescripción y sobreseimiento que no trasladó al fiscal.
Esta causa involucra, de forma anticipada, actores que quedaron expuestos en las últimas semanas tras la denuncia de Nisman. Dada la visibilidad del caso, es probable que la Cámara de Casación se tome menos tiempo que el habitual para resolver, aunque esto no sería obstáculo para que la jueza Arroyo Salgado posponga, si así lo decide, el juicio oral. El cambio de contexto entre el momento del procesamiento dictado por Arroyo Salgado y la actualidad signan la importancia de esta causa. La muerte de Nisman es la bisagra.
UN MICROEMPRENDIMIENTO CRIMINAL.
El fiscal en primera instancia Sebastián Basso -quien intervino en el expediente antes de Domínguez-, definió a esta organización como un “microemprendimiento criminal” que se dedicaba el espionaje y posterior comercialización de mails de altos funcionarios. El “Tata” Yofre operaba como el jefe. Pablo Carpintero y Héctor Alderete eran los encargados de pinchar los mails “a través de técnicas de ‘hacking’ y ‘pishing’”. Otro integrante de la banda era Iván Velázquez, que al momento de los procesamientos estaba prófugo. Yofre comercializaba el material interceptado entre periodistas y empresarios, que según la jueza tenían pleno conocimiento de su origen ilegal. La jueza Arroyo Salgado la describió como una “agencia ilegal de espionaje”. En el pedido de elevación a juicio oral, el fiscal Domínguez afirmó: “Se trataba de una organización clandestina, de espionaje, integrada por sujetos con conocimientos específicos en informática y experiencia suficiente en el área de inteligencia”. La causa comenzó caratulada como “Averigüación por infracción del artículo 222 del Código Penal”, es decir, por la revelación de “secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”. La jueza Arroyo Salgado, al procesar a los imputados, modificó la carátula a “Yofre Juan Bautista, Carpintero Pablo Alfredo, Alderete Héctor Roberto Guillermo, Velázquez Iván Germán, Reimundes Daniel Manuel, Pagni Carlos Orlando, García Roberto Ángel, Ick Néstor Carlos y Mainhard Edgar Walter s/ inf. Ley 13985, art. 210, 222, 255 y 277 del C.P.”. La ley 13.985 establece las “Penalidades para los que atentan contra la seguridad de la Nación” a través del espionaje y el sabotaje.
En un fallo de 354 páginas, Arroyo Salgado detalló las operaciones de cada uno de los imputados, a quienes procesó sin prisión preventiva. Al ex jefe de la SIDE Yofre lo definió como “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe; en concurso real con el delito de espionaje en calidad de coautor en 15 oportunidades y en calidad de autor en dos oportunidades; los que a su vez concurren realmente con el delito de sustracción de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público, en calidad de instigador”, con detalle de 268 operaciones ilegales en las que estuvo involucrado. A su vez, procesó como miembros de la asociación ilícita al ex integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA, aunque declara que es remisero como profesión) Pablo Alfredo Carpintero -detallando 178 operaciones- y a Héctor Guillermo Roberto Alderete, responsable del portal Servicio Privado de Informaciones (SEPRIN), enumerando 64 intercepciones ilegales del mail del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández.
A Pagni (La Nación), Roberto García (Perfil) y Edgar Walter Mainhard (Urgente 24) los procesó por los delitos de obtención de secretos por revelación y de encubrimiento agravado. A Néstor Carlos Ick (dueño de medios en Santiago del Estero) y al general retirado Daniel Manuel Reimundes por encubrimiento agravado. Arroyo Salgado sostuvo que recibían el material suministrado por Yofre “a sabiendas de su procedencia ilícita”. A todos se les trabaron embargos entre 200.000 y 500.000 pesos. La jueza, en su momento, comprobó una la existencia de “una empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico; siendo que gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de funcionarios públicos del gobierno nacional debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores de la Nación”.
EL MODUS OPERANDI.
La asociación ilícita comandada por Yofre funcionó, al menos, desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008. Yofre era el jefe, Carpintero y Velázquez los encargados de las intercepciones, y Alderete también operaba como miembro en las intercepciones a Alberto Fernández. El resto de los procesados eran los clientes.
Arroyo Salgado describe el modus operandi: “Yofre, por iniciativa propia y también a pedido de sus clientes, establecía los objetivos de interés (entiéndase funcionarios públicos nacionales) y consecuentemente encomendaba a sus brazos ejecutores, es decir a Iván Germán Velázquez, Pablo Alfredo Carpintero y Héctor Roberto Guillermo Alderete, la intromisión en las cuentas de correo electrónico oficial y/o personal de los principales funcionarios públicos del Gobierno Nacional para así obtener información política, económica, social y militar la cual era seleccionada y aprovechada para su propio interés como así también distribuida a sus diferentes clientes, los cuales en su mayoría eran periodistas o tenían vinculación con medios de comunicación”. Yofre era quien seleccionaba o descartaba los objetivos. “Después te pasó los blancos. Por el momento seguí con ‘Pepe’ Scioli (La crisis en Buenos Aires); Jorge el ‘neoyorquino’; El ‘Ruso’ Héctor y el Vasco impronunciable”, les indicó Yofre a Carpintero y Velázquez. “Pepe” Scioli es José Scioli, hermano del gobernador bonaerense; Jorge el “neoyorquino” es Jorge Argüello; el “Ruso” Héctor es Timerman; y el Vasco impronunciable se refiere a Icazuriaga, por entonces titular de la SI. La comunicación es uno de los ejemplos que utilizó Arroyo Salgado para demostrar la jefatura de Yofre y cómo se definían los “blancos” a espiar. En el expediente también consta el siguiente mensaje de Yofre para descartar un objetivo: “Saca a Vilma de circulación. Parece una pérdida de tiempo”. Así daba de baja el “blanco” Vilma Ibarra, al parecer por no obtener lo esperado del espionaje a Alberto Fernández, su pareja.
Carpintero y Velázquez, dos ex integrantes de la PSA, eran los que interceptaban los mails. Según el testimonio que consta en el expediente de Carlos Salvador Zabala Di Tomaso, subinterventor de Asuntos Jurídicos de la PSA, en esa fuerza “ambos trabajaron en el área de inteligencia criminal con el propósito de realizar labores de seguridad informática y dado los conocimientos en la materia, interceptar cuentas de correo electrónico a pedido de diferentes Juzgados Federales, utilizando para ello medios y herramientas que les eran propios”. El mismo Zabala Di Tomaso especificó que “ellos contaban con sus propios medios para intervenir correos, la PSA no tenía un programa o software específico, sino que ellos intervenían los correos”.
ESPIAD@S.
El listado de los espiados es amplio. Teniendo en cuenta sus cargos en ese tiempo, figuran entre otros: la senadora y luego ya Presidenta Cristina Ferández de Kirchner; el vicepresidente Daniel Scioli; el jefe de Gabinete Alberto Fernández; la ministra de Defensa Nilda Garré; el canciller Jorge Taiana; el cónsul en Nueva York Héctor Timerman; el diputado y luego representante en Naciones Unidas Jorge Argüello; los secretarios presidenciales Fabián Gutiérrez y Jorge Isidro Baltasar Bounine; la embajadora en Venezuela Alicia Castro; el director de la Corporación Puerto Madero José “Pepe” Scioli; el jefe de gabinete de cancillería Alberto Pedro Dalotto; la Síndica General Adjunta de la Nación Alessandra Minnincelli; el embajador en España Carlos Bettini; la División de Delitos Económicos de la Policía Federal; y el secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga. Este último dato, que el propio jefe de la SI era parte de los espiados, revela la magnitud de la operación: espiado durante su gestión, en forma ilegal, por quien estuvo en su mismo cargo.
Para la jueza Arroyo Salgado, “el objetivo primordial de Yofre era el de conocer en tiempo real información acerca del rumbo y las estrategias del Gobierno Nacional en sus principales áreas”. Y agrega: “el designio de Yofre y la empresa criminal por él dirigida no era el de entrometerse solamente en la privacidad de las personas (…) sino que su intención iba más allá: obtener información, noticias, documentos de orden político, social, militar y económico que debían permanecer secretos en función de la seguridad, la defensa y de las relaciones exteriores de la Nación”.
TIENES UN E-MAIL.
La relación con los periodistas era exclusiva de Yofre. “Tenés otra cosita para tu columna de mañana”, le escribió Yofre a Roberto García, por entonces en Ámbito Financiero, otro de los usuarios de esta red ilegal. “Estimado: espero que me mandes algún quincho”, le pidió en otra oportunidad García a Yofre, en referencia a materiales para la sección “Charlas de quincho” de ese diario donde abundan datos de fuentes sin mencionar. “Tenés demasiado material sin bajar. Hacelo por favor por razones de seguridad”, le indicó Yofre a Mainhard el 22 de septiembre de 2007. A Ick le pasó, por ejemplo, un mail del ministro de Economía Martín Lousteau al secretario privado presidencial Isidro Bounine. “Te adjunto una serie de documentos que el Ministro le envió a la Señora sobre diferentes problemas de la economía. Te van a ayudar a fijar tu propio cuadro de situación y trazar tu estrategia”, le dijo, y luego aclaró: “BAJAR POR NUMERO Y LUEGO BORRAR”
Estos mensajes describen no sólo el vínculo de Yofre con los periodistas, sino que revelan el modus operandi de la red en torno a los cuidados con la información robada. Esta banda creaba una casilla de mail en un servidor del exterior para dificultar su investigación, que cambiaban aproximadamente cada 3 meses, donde ponían los mails robados en la carpeta de “Borrador”. Yofre, que tenía la contraseña, accedía y tomaba la información que creía relevante para sus clientes, y tenía con ellos una nueva cuenta de mail con el mismo mecanismo de acceso y depósito de la información.
Las casillas que utilizaba el “microemprendimiento criminal” (kristalnacht45@gmail.com, rgalland2@gmail.com, oskorzeny43@gmail.com, avanti1922@gmail.com, littorio22@gmail.com ) remiten a figuras o simbología nazi-fascista. Horacio Verbitsky, en una nota en Página/12, contó el origen de las referencias: “La noche de los cristales rotos fue el primer pogrom nazi, Adolf Galland fue uno de los más conocidos pilotos de bombardeo nazis, Otto Skorzeny era el comando SS a quien Hitler encomendó en 1943 el rescate de Benito Mussolini; en 1922 fue la marcha del fascismo sobre Roma y Littorio el nombre de la división de infantería motorizada de Mussolini en la guerra civil española”.
Para compartir la información, por ejemplo, Yofre y Pagni compartían dos direcciones: ronaldodosanto10@yahoo.com.br y flavioboscolo2005@yahoo.it, nombres de fantasía utilizando dominios de Brasil e Italia. Para avisarle a Pagni que tenía nuevo material, le decía que hablara con Ronaldo (para la cuenta en Brasil) o con “Postino”, “Antonicci”, “Massimo” (para la cuenta en Italia). Entre los documentos constan mensajes de Yofre a Pagni como: “Ya leí el diario. Hablá con el ‘postino’. Abrazo”; “NO TE OLVIDES DE MASSIMO. ABRAZO”; “Tenes que hablar con Antoniaci que te va a caer un fangote que a vos te va a interesar”
EL ORIGEN.
Todo comenzó en agosto de 2006, cuando dos personas que, según fuentes vinculadas al juzgado, tuvieron en el pasado relación con servicios de inteligencia, revelaron ante la SI que Velázquez alardeaba de una empresa para espionaje que resultaba muy rentable. Esa situación es la que fundamenta el nuevo pedido de nulidad que plantea Yofre. Lo extraño es que a la jueza Arroyo Salgado le pareció novedoso a pesar de que es información que consta en las primeras páginas del expediente. A partir la información de esos dos agentes, la SI recabó información y remitió una solicitud de intercepción de comunicaciones al juzgado de Arroyo Salgado. La elección de la jurisdicción, según un allegado al expediente, remitió al domicilio de uno de los involucrados, el general retirado Reimundez, en la calle Catamarca 3103 (Olivos), y recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº1 a cargo de Arroyo Salgado. La maniobra podría haber concluido en Capital Federal, donde tienen domicilio Yofre y otros imputados, aunque en el expediente consta que el tironeo por la competencia se resolvió al tratarse de un delito cometido en internet y, por lo tanto, no era determinante el lugar. Otras opciones, que hubieran evitado el juzgado de Arroyo Salgado, eran Lanús, Avellaneda, Ramos Mejía o Santiago del Estero, donde tienen domicilio los demás imputados. Ante el pedido de la SI, Arroyo Salgado autorizó intercepciones telefónicas que proporcionaron importante material.
En el pedido de elevacion a juicio, el fiscal Domínguez relató: “Luego de casi dos años de paciente interceptación de correos electrónicos y escuchas de teléfonos, en el mes de junio de 2008, se dispusieron allanamientos de las viviendas de algunas de las personas sospechadas y el secuestro de material informático y demás documentación y efectos que podrían guardar relación con las hipótesis delictivas que se barajaban en el proceso”. El material de prueba para pedir la elevación a juicio incluye información de la SI, de las empresas Telefónica, Telmex y Nextel, actas de diversos allanamientos, testimonios de los espiados, informes de los Bancos Francés, Ciudad, Santander, Hipotecario y Patagonia, informes del Ejército, Gendarmería y la Casa Militar, un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otro de Interpol, peritajes informáticos de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad bonaerense y de la División de Delitos en Tecnología y Análisis Criminal de la Policía Federal.
A CONFESION DE PARTE…
Ante el avance de la investigación, Yofre advirtió que sus clientes se querían despegar de la operación. En una conversación con Carpintero y Velázquez les dijo: “Los clientes están en emergencia porque se sienten que llegaran a ellos si se profundiza el seguimiento. No me hablan, diría que ni me conocen. Los empresarios son así, me han cortado el rostro desde hace más de tres semanas. No me sorprende: están para las buenas y retroceden, asustados, en las malas. Veré de recomponer la relación , va a llevar un tiempo. Diría 15 días.”.
Los procesados presentaron distintas defensas. Yofre se negó a declarar y presentó un escrito. Incluso presentó junto a otros procesados varias apelaciones que fueron denegadas. El 22 de noviembre de 2011, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja, con las firmas de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. El 23 de agosto de 2013, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó procesamientos y redujo embargos.
Entre las defensas se destaca la de Pagni, que si bien se negó a declarar y responder preguntas del Tribunal, presentó su descargo por escrito. Tras alegar que como periodista recibe información de distintas fuentes y por medios variados, reconoció que Yofre le enviaba información y que le indicó que accediera a ella a través de una dirección de mail. En su defensa, según consta en el expediente, Pagni sostuvo “que dicha modalidad no le pareció insólita, ya que con anterioridad algunas fuentes habían adoptado ese método”. Pagni también afirmó “que la información que le enviaba Yofre era intrascendente para su trabajo cotidiano”, en contraposición con el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien afirmó que publicaba notas con el contenido de sus mails. Pagni también aclaró que “nunca solicitó a Yofre u otra persona el envío de esa información y mucho menos pagó por esos textos, ni por otros” y que “jamás interrogó a Yofre sobre cómo accedía al material, ni advirtió datos que le permitieran forma alguna sospecha sobre el punto, menos aún si lo obtenía él mismo o un tercero y mucho menos si su procedencia era ilícita”.
La causa está lista para la elevación a juicio oral. El avance o postergación del juicio depende de la decisión de la jueza Arroyo Salgado. «
¿Dónde está López?
“Vos estabas buscando a López, en cinco minutos habla con la rubia… a ver como lo das”, le dijo Yofre y Edgard Mainhard, del portal Urgente 24. López es Jorge Julio López, secuestrado el 18 de septiembre de 2006. La rubia es la referencia a la casilla de correo que compartían Yofre y Mainhard para depositar la información robada, 2007.marilyn@gmail.com, en referencia a la rubia Marilyn Monroe.
Entre las cuentas interceptadas por indicación de Yofre estuvo la de la División de Delitos Económicos de la Policía Federal. La jueza Arroyo Salgado, en el procesamiento, asegura: “quedó acreditado que la casilla de correo electrónico de la División Delitos Económicos de la PFA interceptada por Juan Bautista Yofre, efectivamente pertenecía a esa dependencia policial y era utilizada exclusivamente para la investigación de la desaparición de Julio López”.
En la cuenta que compartían Yofre y Mainhard, la jueza Arroyo Salgado acreditó que se depositaron “partes de operaciones de la Policía Federal Argentina sustraídos de la casilla de correo electrónico de la División Delitos Económicos de la citada fuerza de seguridad, relativos a diferentes diligencias efectuadas en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de Julio López”. La jueza también agregó: “Se han sustraído y divulgado, nada menos que datos de alta sensibilidad sobre la investigación relacionada a la desaparición de Julio López, como lo son medidas de investigación que se estaban desarrollando en el preciso momento en el cual se difundió dicha información”.